Estas comunidades se crean y se mejoran desde el esfuerzo y la organización de su población, gestionando alternativas a los servicios y la infraestructura ausentes, generando lazos sociales necesarios para sostenerse entre quienes allí viven, y aunque todos y todas sabemos que estos asentamientos existen, al no estar dentro de los trazados oficiales de nuestras urbes, se convierten en un no-lugar, donde se suceden las calles sin nombre, y ellas las casas sin número, una tras otra, vivas, reales, pero invisibles para los ojos del Estado.
No tener domicilio reconocido es casi como estar indocumentado. De repente, cosas tan sencillas como anotar a hijos e hijas en una escuela o postularse a un trabajo, se vuelven complejas, inaccesibles. La educación es negada por no poder decir dónde se reside. Basta sentarse a conversar con alguien que vive en uno de estos barrios para identificar los obstáculos que trae no poder tener una calle reconocida y un número en la puerta de la casa.
Entre los principales y más graves, encontramos la falta de acceso a servicios básicos y a infraestructura urbana. No poder acreditar domicilio significa ni siquiera poder iniciar el trámite de conexión, pero también significa que las empresas prestatarias no tendrán en cuenta a estas comunidades dentro de sus planes de cobertura. Esto no sucede solo con el agua, la luz o el gas. También sucede con las telecomunicaciones, ampliando aún más la brecha social entre quienes tienen acceso a telefonía e Internet y quienes no.
Otro desafío deviene de las comunicaciones formales que realiza el Estado u otras entidades. Aún en la era de lo digital, muchos avisos o documentaciones importantes, siguen llegando en formato físico a nuestras casas: tarjetas bancarias, documentos de identidad viajan por correo hasta nuestro domicilio.
No tener domicilio invisibiliza problemáticas, borra barrios enteros de los mapas oficiales, haciendo de cuenta que allí no ha pasado nada, que nadie vive, que no existe. Esta invisibilización es un factor más que contribuye a la vulneración de derechos, exacerbando además, la estigmatización y exclusión social hacia las personas que allí habitan.
Por eso, en este “Mes Urbano” queremos comprometernos a luchar desde las comunidades para que las millones de personas que viven en asentamientos populares puedan hacer oír su reclamo por una ubicación formal, dejando de ser ciudadanos y ciudadanas de segunda, pudiendo gozar de sus derechos y ejercer sus deberes.
